Con dos recomendaciones de fondo que causarán polémica —la separación de la Policía del Ministerio de Defensa y que (en contravía con la recién aprobada ley de la Procuraduría) los funcionarios elegidos por voto popular solo puedan ser destituidos o separados de su cargo por orden de un juez penal—, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó en la mañana de este miércoles su informe sobre la crítica situación social y de orden público que vivió Colombia entre los meses de mayo y junio, en el marco del paro nacional.
Hay que recordar que después de una visita de una semana al país, los comisionados llamaron al Estado a garantizar el derecho a la protesta pacífica y a restringir al máximo el uso de la fuerza policial y militar para el control de las manifestaciones.
Por su parte, el presidente de la República Iván Duque, respondió condenando los bloqueos y asegurando que su administración seguirá tomando acciones frente a dichos sucesos, “los bloqueos en nuestro país han atentado contra los derechos colectivos, vimos niños morir en ambulancias, vimos ciudades desabastecidas, vimos personas perder el empleo al ser restringidas en su movilidad por cuenta de esos bloqueos y esos bloqueos están claramente condenados en nuestro código penal”.
Al tiempo, la Cancillería colombiana también se pronunció al respecto y dijo que el informe carece de contrastes y califica de “inadmisible” que se hable de que los bloqueos son una forma legítima de defensa.
