El presidente Iván Duque sancionó está semana la ley de desconexión laboral que busca que los trabajadores o servidores públicos puedan disfrutar plenamente de su tiempo de descanso y balancear así su vida personal y familiar con la laboral.

Lo anterior, se refiere al derecho que tienen los empleados a “no tener contacto por cualquier medio o herramienta, bien sea tecnológica o no, por fuera de la jornada ordinaria o jornada máxima legal de trabajo”. Este concepto está orientado por los principios constitucionales, pero también por los convenios ratificados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a los que Colombia está suscrita.

Los trabajadores tienen, de ahora en adelante, derecho a no recibir mensajes por redes sociales internas de la empresa, de Whatsapp u otra aplicación para la comunicación, llamadas, o correos, fuera de su jornada, la convenida con sus empleadores.

También aplica para días de descanso y vacaciones. En el marco de esos períodos de tiempo, los jefes se “abstendrán de formular órdenes y requerimientos”, dicta la norma.

El representante a la Cámara Rodrigo Rojas, autor de la iniciativa, explicó que, “el trabajador va a tener la facultad de decir si realiza una tarea fuera de su horario, garantizando que goce de su tiempo de descanso”.

No obstante, el ejercicio de esta disposición depende de la naturaleza del cargo, y si es privado o público. Por ello, en su trámite en el Congreso, los legisladores incluyeron unas excepciones en las cuales no aplica la norma.

Quienes desempeñen cargos de dirección, confianza y manejo no están sujetos a la ley de desconexión laboral. Tampoco las personas que, por la actividad o función que desempeñan, deban estar en conexión permanente, como la Fuerza Pública y los organismos de socorro, personal que debe responder a imprevistos de último minuto.

Finalmente, tampoco se acogen a esta legislación las situaciones de fuerza mayor, necesarias para dar continuidad a un servicio o para solucionar imprevistos urgentes “siempre y cuando se justifique la inexistencia de otra alternativa viable”, dice el artículo seis del documento.