“Vamos a seguir escuchando a la comunidad. Este fue solo un primer espacio de participación de los varios que se tienen programados para construir soluciones”: coordinadores de la Comisión Accidental durante su instalación.

Con la participación de diferentes comunidades, del Gobierno Nacional y del Legislativo, se inició el proceso de diálogo para hacer seguimiento a la APP del Canal del Dique y a la situación de riesgo del sur del Atlántico.
Santa Lucía, Atlántico.

Tras más de seis horas de sesión, la Comisión Accidental que conformó el Congreso de la República para hacer seguimiento al proceso de la APP Canal del Dique y a la situación de emergencia y riesgo inminente por la que atraviesan los municipios y habitantes de la zona sur del departamento del Atlántico quedó oficialmente instalada.

Esta primera sesión sirvió de escenario para que los integrantes del Gobierno Nacional y del Legislativo escucharan a las personas de las comunidades aledañas al Canal del Dique que se verían afectadas con la iniciación de las obras previstas en la APP. De esa forma, no solo hicieron presencia líderes del Atlántico y de Bolívar, sino también de Magdalena, Sucre y Córdoba. En total, hubo una participación de 49 representantes comunitarios.

Entre las reclamaciones que se manifestaron por parte de las poblaciones, estuvo el hecho de que hasta el momento no se habían adelantado todas las consultas previas requeridas por ellas y, por lo tanto, el proyecto no ha sido adecuadamente socializado y comunicado.

También se indicó que la mega obra no tiene calculados todos los impactos ambientales que realmente se generarían, afectando los ecosistemas cenagosos colindantes al Canal del Dique, lo que traería, a su vez, impactos en las dinámicas socioeconómicas de todas las comunidades, poniendo en riesgo su subsistencia.

Varios líderes, de igual forma, señalaron que el proyecto de la APP no puede desconocer que esta zona ha sido fuertemente afectada por el conflicto armado, y en donde existen varias fosas comunes que deben ser excavadas.
Todas estas observaciones son los pliegos de modificaciones y de exigencias que se hacen para que el proyecto, con el que las comunidades no están en desacuerdo per se, pueda ponerse en marcha de manera inclusiva y a través de un modelo de desarrollo sostenible para todos los sectores y habitantes de la ribera del Canal.

Para los coordinadores en Cámara y Senado de la Comisión Accidental, el representante Dolcey Torres y el Senador Pedro Flores, respectivamente, este fue solo un primer espacio de los varios que se tienen programados para seguir escuchando los reclamos de las comunidades, y para que las autoridades entreguen y expongan sus respectivas soluciones.
“Esta primera sesión cumplió su objetivo, que fue escuchar a la comunidad. Teníamos previstas unas intervenciones, pero se nos solicitaron muchas más y así las dimos. De fondo, lo que quedó claro, en primer lugar, fue el consenso sobre la inminencia del riesgo de una inundación en esta subregión del país, y la necesidad de adelantar acciones eficaces para mitigarlo, sobre todo cuando para el segundo semestre se tiene previsto un incremento de las precipitaciones. En segundo lugar, también se lograron anuncios importantes por parte de los representantes del Gobierno Nacional respecto a las modificaciones que se realizarían al proyecto de la APP del Canal del Dique, respondiendo a las reclamaciones de la comunidad. Todo eso es positivo”, expresó el representante Dolcey Torres.

Por su parte, el senador Pedro Flores, coordinador de la Comisión en Senado, indicó: «nos declaramos en sesión permanente para encontrar la mejor solución para el Atlántico, Bolívar y Sucre, que están en un inminente riesgo, que amerita un trabajo inmediato, y en ello estoy comprometido en defensa de la gente, velando que se tomen las medidas preventivas necesarias. Por lo tanto, frente a la adjudicación de la APP del Canal del Dique y la APP de navegabilidad del río Magdalena, propongo que se deben ejecutar tres acciones principales: 1. Resocialización del proyecto con un adecuado involucramiento activo de la comunidad. Quienes deben verse beneficiados social y productivamente. 2. Garantías de no afectación ambiental a través de la expedición de la licencia ambiental y 3. Atender y clarificar las alertas de la Contraloría».

El desarrollo de.este.evento logro que las comunidades fueran escuchadas por el gobierno, y estás a su vez conocer de primera mano las acciones que se desarrollarán en pro de la protección d ella vida y ayuda a las familias del territorio afectado; entre las noticias positivas que recibieron es la instalación de un Puesto de Mando Unificado – PMU – permanente, con la participación de líderes y lideresas sociales, dónde tendrán las comunidades participación activa y serán tenidas encuentra, y jamás excluidas. Así lo anunció la Ministra de Medio Ambiente Susana Muhamad y el Director de laUnidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Javier Pava.