El país acaba de pasar una coyuntura crítica en materia de energía, con racionamiento de luz y amenaza de apagón, debido al fenómeno de El Niño. La confiabilidad del sistema eléctrico fue llevada al límite y sobrevivió por un estrecho margen. Unos meses después, y cuando el fantasma del racionamiento no se apaga, muchas voces han vuelto a alzarse, con razón, sobre un tema que genera el mayor estrés a corto plazo para cientos de miles de familias en la Costa Caribe: el precio de las tarifas de energía.
Los encargados deben ser extremadamente cuidadosos con lo que se propone para resolver la coyuntura crítica del precio de la energía en la Costa Caribe, ya que, silenciosamente, se está gestando un problema aún mayor que podría afectar a todo el país.
Debido a las señales confusas sobre la estabilidad jurídica futura de las inversiones en el sector, Colombia se enfrenta a un creciente riesgo: la posibilidad de que el crecimiento de la demanda eléctrica supere la oferta, ante los retrasos y la falta de nuevas plantas de generación. Dicho de una manera popular: que cuando se vaya a necesitar luz o energía eléctrica ya no haya para tanta gente.
Por un lado, es fundamental recordar que los altos costos de las tarifas en la Costa Caribe son un problema estructural en el sector eléctrico de la región que requiere una solución urgente. Pero por otro lado, la búsqueda de una solución a ese problema no debe comprometer el andamiaje institucional ni los incentivos para invertir en un sector que, con capital tanto privado como público, ha permitido que en los últimos tres años Colombia alcance una cobertura eléctrica cercana al 98%, con altos estándares de calidad y sin tener que recurrir al racionamiento energético.
Uno de los componentes que más afecta las tarifas en la región Caribe es el mayor consumo de energía en comparación con otras zonas del país debido a las altas temperaturas. En este sentido, la propuesta de algunos congresistas de distribuir los subsidios del sector según los pisos térmicos podría ser considerada por los reguladores del sector.
